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La corrupción es el cáncer de la democracia. En el caso de la española hasta el extremo de ponerla en riesgo de dejar de serlo.

Sentado lo anterior, me parece necesario señalar que hay tres modalidades básicas de corrupción: La del “funcionario” de partido que se corrompe en beneficio de éste, la del que lo hace en el exclusivo de sí mismo y la híbrida -que tengo por la más común-  en la que el lucro se reparte entre uno y otro. Esta me parece la tónica general en la amplia experiencia que atesoramos.

Pero muy recientemente se ha producido una variante muy significativa. Me refiero al caso EREs de Andalucía. Dos presidentes de su Junta se van a sentar en el banquillo de ese caso que, por su cuantía y desvergüenza, opaca a todos los demás. Pues hete aquí que en esa Junta ha aflorado la brillantísima idea de renunciar a reclamar en la causa penal de que se trata los más de 900 millones de euros fijados como fianza por responsabilidad civil a los más de veinte altos cargos de esa misma Junta procesados.

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Se dirá que la reclamación se pospone a la posterior vía civil. Pero ¿habrá un solo incauto que crea que la Administración, principal perjudicada por la trama, no ha enloquecido al decidir posponer la aseguración del resarcimiento? ¿No es un insulto pretender que tiempo habrá?

Esa es a mi juicio la peor forma de corrupción, la que a la esquilmación de las arcas públicas pretende añadir la burla a la ciudadanía.

¡Anda que en Andalucía no hay agujeros en los que inyectar 1.000 millones de euros! que, quince años después de su despedida son   -decimales aparte-   166.000 millones de pesetas.

Ángel Zurita Hinojal